Proponen además la posibilidad de instalar un elevador en el edificio del palacio municipal para dar acceso a estas personas
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta continúa trabajando para lograr ser cada vez un municipio más incluyente, y en la reciente sesión ordinaria se presentaron dos iniciativas que contribuyen para avanzar en estas acciones.
La regidora Norma Angélica Joya Carrillo, presentó una iniciativa para que en cada una de las dependencias, delegaciones y agencias municipales que forman parte del Ayuntamiento, así como sus órganos descentralizados, se brinde atención prioritaria a las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, así como a visitantes con las mismas condiciones, que no pueden realizar largas filas para realizar trámites o servicios.
En se sentido, y a fin de que Puerto Vallarta sea un municipio que proteja y brinde todas las facilidades a estos sectores de la población, con esta iniciativa se busca otorgar las garantías necesarias, para que estas personas puedan realizar sus trámites o servicios de una manera más rápida y eficiente en cada una de las áreas mencionadas, donde además se propone colocar señalética alusiva.
Dicha iniciativa se turnó para su estudio, análisis y dictaminación, a las comisiones de Igualdad de Género y Desarrollo Integral Humano, así como a la de Justicia y Derechos Humanos.
A su vez, el regidor Saúl López Orozco, presentó una iniciativa para que se lleve a cabo un estudio por parte de la dirección de Obras Públicas, y se pueda generar una partida para realizar las modificaciones necesarias al edificio de la presidencia municipal, a fin de que se instale un elevador para el ingreso de las personas con discapacidad, por lo que dicha iniciativa fue bien recibida y turnada para su estudio y posterior dictamen a las comisiones correspondientes.
En otro orden, se turnó también a comisiones, la iniciativa del regidor Eduardo Martínez Martínez, en la que propone se apruebe el Reglamento de Servicio Comunitario del municipio, y se establezca dentro del apartado de sanciones previstas por los ordenamientos municipales que correspondan, y generar de esta forma la legalidad de la medida de apremio para que pueda ser aplicable sobre aquellas personas que infrinjan la normatividad, generando con ello un beneficio social.