El Gobierno Federal sostiene que “no hay ningún daño” al medio ambiente.
Ni hay desacato judicial de los amparos por el reinicio de las obras del TREN MAYA.
AMLO nuevamente acusa a los defensores de los CENOTES de ser “seudoambientalistas y conservadores corruptos con intereses políticos”.
ALIANZA DE LA COSTA VERDE
López Obrador descartó que se pueda señalar a su gobierno de desacato judicial por reiniciar las obras del tramo 5 del Tren Maya, una vez que fueron declaradas tema de “seguridad nacional”.
Acusa a los jueces que no han actuado con celeridad para resolver en definitiva los amparos contra el tramo 5 del Tren Maya – Cancún-Tulum –, con lo cual frenaron su construcción y ocasionaron pérdidas en el presupuesto público. Confirmó que la semana pasada el Consejo de Seguridad Nacional determinó la declaratoria por la cual se reanudaron las obras de la vía: “Ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de seudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que, además, ya el tiempo que llevaba parada estaba significando un alto costo al presupuesto, que es dinero del pueblo, nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos”.
El próximo primero de agosto, Adrián Fernando Novelo Pérez, juez primero de distrito con sede en Yucatán, resolverá si el gobierno federal incumplió con lo dispuesto en la suspensión definitiva que otorgó a habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, contra las obras del tramo 5 del Tren Maya.
AMLO nuevamente acusa a los defensores a las organizaciones civiles que presentaron recursos legales contra su construcción, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Kanan Derechos Humanos y Múuch’ Xiinbal o a la organización civil Defendiendo el Derecho a Un Medio Ambiente Sano (DMAS), como “seudoambientalistas y conservadores corruptos con intereses políticos”.
La controversia legal
Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, informó que ningún oficio o acuerdo administrativo puede dejar sin efecto amparos o suspensiones. Recordó que ya hay una suspensión definitiva y varias provisionales emitidas por el juzgado primero de distrito de Mérida sobre el tramo 5 sur. De violarse las suspensiones estaríamos en presencia de la comisión de un delito o desacato.
El Tren Maya y la legalidad
El proyecto denominado Tren Maya es una de las obras insignia de la actual Administración. Por ello, desde el Gobierno federal se ha defendido a toda costa su desarrollo, aunque esto implique la vulneración del orden jurídico mexicano. El 18 de julio pasado, las obras del proyecto relacionadas con el tramo 5 reiniciaron con la justificación de que se realizan bajo el amparo de una declaratoria de seguridad nacional, a pesar de que el Poder Judicial federal dictó medidas cautelares en diversos juicios de amparo. Esto implica una violación a las suspensiones otorgadas por el juez primero de distrito de Mérida, en las que prohibió toda obra relacionada con la ejecución del tren. Esta situación se enmarca bajo un halo de extralimitación del Ejecutivo federal que concibe a la seguridad nacional como un instrumento para vulnerar el equilibrio y armonía que debe prevalecer en todo Estado democrático y, particularmente, en detrimento de la seguridad hídrica y de los ecosistemas y de la biodiversidad de la península de Yucatán, cuya preservación es toral para consolidar y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.
2022-07-22 Tipo de medio: Internet Medio: Página Web Página: https://elpais.com/ Sección: México Autor: Gustavo Alanis Ortega Juan Carlos Lara Delgadillo
Hipervínculo: https://elpais.com/mexico/opinion/2022-07-22/el-tren-maya-y-la-legalidad.html
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro declaró que “el abuso del concepto de “seguridad nacional” para impulsar una determinada obra pública contraviene el régimen internacional de garantías básicas”