Permanecerá por lo menos tres meses en prisión preventiva para que la fiscalía realice las investigaciones complementarias
Luis Carlos Tejeda/La Opinión
Durante la continuación de la audiencia inicial de vinculación a proceso realizada hoy en la sala 1 del Juzgado de Control y Oralidad del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Bucerías, el ex presidente municipal de Bahía de Banderas, José Gómez Pérez, fue vinculado por el juez por los delitos de tortura, abuso de autoridad y lesiones calificadas; y además se confirmó la medida cautelar anteriormente dictada en su contra, que consiste en prisión preventiva oficiosa.
De esta manera, el ex alcalde de Bahía de Banderas continuará en prisión por lo menos otros tres meses, mientras se agota o continúa la investigación complementaria de la causa penal 194/2019, que es donde se denunció al ex primer edil por los delitos ya descritos.
Uno de estos delitos, el de tortura, por ser considerado grave dentro de la legislación penal, fue el que habría considerado el juez de control y oralidad para dictarle la prisión preventiva oficiosa, por lo que José Gómez continuará en la cárcel hasta que se fije fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia de este caso
A las 18::21 horas de ayer miércoles 13 de noviembre, Juez dicta vinculación a proceso de José Gómez Pérez, al «considerar» que existen elementos probatorios de responsabilidad en el caso del «Chango», ocurrido hace 2 años y 6 meses.
Se da un plazo de 3 meses para que la fiscalía realice las investigaciones complementarias que lleven a la plena responsabilidad o no, de José Gómez en el caso.
El Juez desestimó incongruencias detectadas en las declaraciones contenidas en la carpeta de investigación, como lo son el hecho de que, el afectado realizara tres declaraciones ante diferentes autoridades en un periodo de minutos (5 minutos) siendo los lugares separados por kilómetros de distancia.
Así mismo, desestimó el hecho de que, en 2 años y 6 meses, no se haya llevado a cabo ninguna investigación complementaria.
Y por último, reconoce la representación social (ministerios públicos) que la fiscalía no cuenta con equipo para llevar a cabo peritajes como el de reconocimiento de voz, teniendo que solicitarlo a otros Estados vía colaboración, lo que deja a las víctimas en indefensión y prolongando sus juicios por estar la fiscalía incapacitada.