La confirmación de que al menos ocho artefactos explosivos adicionales estaban incrustados dentro de la estructura del puente de La Desembocada ha encendido nuevas preocupaciones sobre el riesgo que corrieron miles de personas en los días posteriores a los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero.
De acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, tras la explosión registrada el martes 3 de marzo durante trabajos de demolición, autoridades localizaron y desactivaron ocho dispositivos explosivos ocultos en el segundo tramo del puente.
El artefacto que detonó habría permanecido escondido dentro de la estructura sin ser detectado durante una inspección previa, activándose aparentemente por las vibraciones de maquinaria pesada. Sin embargo, lo que hoy preocupa a muchos habitantes de la zona es que durante al menos tres o cuatro días previos a la explosión, el paso por el lugar se mantuvo activo de forma improvisada.
Ante el colapso del puente y la necesidad de continuar con el tránsito entre comunidades, cientos e incluso miles de personas cruzaron el punto a pie o en cuatrimotos para trasbordar de un camión a otro, sin tener conocimiento de que debajo de sus pies permanecían dispositivos explosivos ocultos en la estructura metálica.Vecinos y usuarios del paso relatan que el sitio se convirtió en un punto de cruce constante para trabajadores, estudiantes y habitantes de comunidades rurales que necesitaban continuar su trayecto diario.
Nadie imaginaba que la estructura que atravesaban podía contener artefactos capaces de provocar una detonación. El propio titular de Seguridad estatal reconoció que binomios caninos participaron en la revisión inicial del puente, pero no lograron localizar el artefacto que finalmente detonó ni los explosivos adicionales que posteriormente fueron encontrados durante una inspección más minuciosa realizada tras el incidente.
La situación abre inevitablemente cuestionamientos sobre si desde un inicio debió realizarse un peritaje más profundo y exhaustivo, considerando que se trataba de una infraestructura intervenida tras un evento violento y presuntamente manipulado con explosivos por un grupo criminal.
Dichos trabajos correspondían a instancias estatales y federales encargadas de la seguridad y de la investigación pericial.Aunque las autoridades aseguran que con la desactivación de los ocho dispositivos ya no existe riesgo para trabajadores ni para habitantes de la zona, el hecho de que durante varios días miles de personas caminaran o circularan sobre el puente sin saber que había explosivos incrustados plantea una inquietante realidad: la tragedia pudo haber sido mucho mayor.
Hoy, más que la reconstrucción de la infraestructura, queda en el ambiente la pregunta sobre si el peligro pudo haberse detectado antes de permitir que la población utilizara el paso, en uno de los episodios más delicados registrados recientemente en la zona rural de Puerto Vallarta.
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