Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Impuesto especial de la UAN, sin equidad, ni congruencia

El tema del impuesto especial a la UAN que los ayuntamientos “recogen” cada año, o mejor dicho cada vez que los ciudadanos pagan en cajas del ayuntamiento diferentes acciones, unos como el pago extra del 12 % para la UAN en licencias de funcionamiento, licencias de construcción, predial, etc. o sea que son cantidades millonarias que en finanzas municipales utilizan para otras cosas, menos para entregárselos al patronato de dicha universidad, o sea que este impuesto es retenido y hasta usado para otros menesteres, evitando dárselos a los del patronato de la universidad, y que a decir verdad no dependen de la rectoría universitaria, pero se hacen valer con la fortaleza del congreso del estado y del mismo gobierno estatal.

La situación aquí, al menos en Bahía de Banderas, las retenciones se desvían y después los tesoreros tienen “que parir chayotes” para poder recuperarlos y muchas veces no pueden pues los recursos no alcanzan para eso, y al menos en este municipio sureño de Nayarit, de manera reciente, desde la “administración” de Rafael Cervantes Padilla dicho impuesto “se esfumó en el camino” dejando una enorme carga a José Gómez Pérez, quién al estilo de Poncio Pilatos, “se lavó las manos” con el pago de la deuda heredada, varios millones de pesos que a decir de los que saben un terreno sirvió “como abono” de dicho adeudo, puesto que Gómez Pérez dedicó parte de sus ingresos a cubrir los pagos anuales desde el inicio de su administración, dejando sin pagar lo anterior, que a decir de su tesorería la deuda venía cargándose desde la presidencia de Héctor Paniagua Salazar quien también les heredó un préstamo que con recursos federales se han estado pagando.

Más las cosas no son muy bien vistas por la gente, especialmente por los estudiantes de la UAN en Bahía de Banderas, ya que se les han dado millones y millones de pesos a los del patronato de esta universidad, más los gobiernos municipales tienen que intervenir además para realizar mejoras en la Preparatoria 10 de Valle de Banderas, construyendo mejoras en los sanitarios, en más aulas ya que lo que se le entrega a los del Patronato se van a otros lados del estado y difícilmente regresan a esta municipalidad, lo mismo pasa con el Campus de Valle de Banderas, en donde el municipio y el ejido de Valle de Banderas los apoyaron con el terreno y hasta con el camino, que a decir verdad los de la UAN quieren hasta que se lo pavimenten y ellos (los del patronato) se hacen como “el tío Lolo”.

En las redes sociales me encontré este texto que resulta interesante después de que el Congreso del Estado resolvió iniciar proceso para obligar a que los ayuntamientos cumplan en tiempo y forma con “su obligación” de hacer entrega de las retenciones que se hacen cada año de este impuesto especial que realizan los ciudadanos.

En el tema del impuesto especial de la UAN se legisla sin resolver

Y ello quizás sucede porque se desconoce la naturaleza jurídica de lo que pretende reparar.

El IEUAN es un impuesto estatal que corresponde recaudar al estado. Por tanto, corresponde a la Secretaría de Finanzas fiscalizar a quien retienen esta contribución.

Dotar de atribuciones al patronato o exhortarlo a que presente denuncias penales es como darle una pistola sin cartuchos, o una bicicleta con llantas cuadradas.

Resolver el tema de fondo para que se normalice la recaudación de este impuesto tiene dos posibilidades una muy obvia, la vigente, la que nadie ve y parece quieren ver.

La primera solución es que la se revela del marco legal vigente, el que debiera estarse aplicando desde siempre. Que la secretaría de finanzas ejerza sus atribuciones de comprobación fiscal y requiera los enteros a los retenedores, realice las auditorias correspondientes y que en su caso, determine los créditos fiscales correspondientes, realice las declaratorias de perjuicio, y en ejerció de su facultad económico coactiva, inicie los procedimientos administrativos de cobro, y de ser el caso presente las denuncias penales a que haya lugar contra los entes omisos.

Cuantas auditorías a realizado finanzas para comprobar la recaudación de este impuesto? No tengo registro de ningún, por lo menos en los últimos 20 años. Lo cual es en sí mismo grave.

No se necesita que el Patronato haga un trabajo para el cual no fue diseñado y que, incluso ahora al pretender que lo haga lo hacen de manera parcial, incorrecta, mocha pues.

La segunda opción implica un cambio de más fondo. Si se quiere que el Patronato se encargue de la recaudación del impuesto, conviértasele en un organismo fiscal autónomo, dotado de todas las facultades necesarias para que directamente realice la recuperación de las cantidades que tanto los ayuntamientos como el gobierno del estado retienen a los contribuyentes por concepto de este impuesto. Un símil del IMSS, solo que con un objeto distinto. Claro, ello implica que el patronato utilice parte de sus recursos en la realización de sus nuevas funciones.

El esquema que ahora se propone por el Congreso se va por las ramas. Cuando el SAT determina un crédito fiscal por la falta del entero del ISR no señala como deudor al servidor público, se le cobra al propio ayuntamiento, se va sobre su patrimonio, se le embargan sus bienes se le pueden congelar sus cuentas, y sólo como última acción se presentan denuncias penales (un ejemplo lo vimos en el municipio de Santiago donde hace 4 años se denunció penalmente a su representante legal).

Creo que antes de dar un paso más, sería bueno se hiciera valer lo que ya establece ley, opción esta que parece ser, es la última en querer ser considerada.